Quito,. Febrero 9 de 2010

No. 1040/ 2010

 

Rvda. Hermana

María Eugenia Ramírez

Presidenta de la CER

Presente.-

 

Estimada Hermana:

Por la presente, me permito darle a conocer que el Decreto Ejecutivo No. 982, publicado en el Registro Oficial 311 de 8 de abril del 2008, mediante el cual se obligaba a las Organizaciones Religiosas a registrarse igual que las demás organizaciones civiles, ha sido declarado inconstitucional.

Por tanto, si existe alguna Diócesis, organización o institución religiosa católica que tenga pendiente trámites como reformas de estatutos o reconocimientos de personalidad jurídica, prevalecerá, únicamente, estos principios legales:

La Constitución de la República del Ecuador:

Art. 424: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso contrario carecerán de eficacia jurídica…”

Art. 425: “!El orden jerárquico de las normas será el siguiente:

La Constitución; los Tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior

En el Modus Vivendi, Convenio Internacional celebrado entre los Estados del vaticano y el Ecuatoriano, firmados el 24 de julio de 1934, se expresa:

Art. 5.- “Las Diócesis y demás organizaciones e instituciones católicas en el Ecuador tienen el carácter de personas jurídicas llenando las formalidades señaladas en los artículos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del Decreto Supremo 212, (Publicado en el Registro Oficial No. 547 de 23 de julio de 1937) dictado el 21 de julio del presente año. Cumplidos los requisitos mencionados, dichas entidades gozarán de todos los derechos civiles sobre los bienes que poseían al tiempo de la expedición del Decreto No. 121 (Publicado en Registro Oficial No. 68 de 19 de Diciembre de 1935)

Los bienes de estas personas jurídicas no son enajenables a compañías extranjeras”.

La Ley de Cultos, expedida mediante Decreto Supremo 212, Registro Oficial 547 de 23 de Julio de 1937, expresa:

Art. 1.- Las Diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se estableciesen en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el gobierno y administración de sus bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”.

Hago propicia la ocasión para reiterarle el testimonio de mi fraterna consideración y amistad.

Afectísimo en Cristo,

 

P. Nicolás Dousdebés

Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana