Carta de Mons. Antonio Arregui (presidente de la CEE) al Ministro de Gobierno

 

Señor Doctor

Gustavo Jalkh Röben

Ministro de Gobierno y Policía

Presente

 

Señor Ministro:

Pongo en su conocimiento que ha llegado a varias Curias Episcopales un documento algo especial, que tiene el encabezamiento de “Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos”, carece de fecha y se señala para firma a Raúl Iván González Vásconez, Subsecretario de Coordinación Política. Adjunto una fotocopia

En letras destacadas, se recuerda a una serie de entidades la obligación de adecuar sus estatutos al Reglamento publicado el 11 de septiembre de 2002, sucesivamente modificado en varias ocasiones. Se trataría de formar el Registro único de las Organizaciones de la Sociedad Civil, entre las cuales se incluyen sin orden lógico y en forma imprecisa las “Iglesias, Consejos, Juntas, Conventos, Misiones, Monasterios y demás organizaciones reconocidas por el Ministerio de Gobierno”.

En conversación telefónica con el Dr. Ramiro Rivadeneira, a cargo de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobierno según se me informó, no respondió  a la pregunta sobre el carácter de este documento, su promulgación, su obligatoriedad.

La Diócesis de Santo Domingo de los Colorados, deseosa de cambiar su nombre a “Santo Domingo en Ecuador”, recibió del Ministerio de Gobierno la indicación de que debía primero ajustar los estatutos de su Consejo Gubernativo de Bienes a la nueva reglamentación. Incluso recibió un modelo de estatutos particularmente extraño, puesto que pretende reinventar la Iglesia Católica y su organización.

Le traslado, Señor Ministro, la preocupación causada a los señores obispos del Ecuador por estas presiones administrativas. En la última Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, se resolvió pedir una definida rectificación en la recurrente actitud de los asesores jurídicos del Ministerio a su cargo, sobre el respeto debido al "Modus Vivendi" entre el Ecuador y la Santa Sede (22 de julio 1937)

Este convenio internacional para la adquisición de personalidad jurídica por parte de la Diócesis y demás organizaciones e instituciones católicas en el Ecuador (Art. 5), remite al decreto # 121 (18 de diciembre 1935), incorporando así ese decreto al convenio concordato.

Literalmente dice dicho decreto en el Art. 1: “Las Diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el estatuto del organismo que tenga a su cargo el gobierno y administración de los bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo con dicho estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido".

Definido que el representante legal debe ser ecuatoriano y que debe tener su domicilio en el Ecuador (art.2), se indica que el Ministerio de Cultos dispondrá que el Estatuto a que se refiere el art. 1 se publique en el Registro Oficial y que se inscriba en la Oficina del Registrador de la Propiedad del Cantón o Cantones en que estuvieren situados los bienes de cuya administración se trate. Esta inscripción se hará en un libro especial que se denominará Registro de las Organizaciones Religiosas.

El mismo procedimiento se seguirá en el cambio de los Estatutos o del representante (art.4) y la certificación conferida por el Registrador de la Propiedad servirá de documento habilitante para los actos jurídicos en que deban intervenir las entidades a las que se refiere este Decreto (art.5)

Donde se aprecia que la organizaciones católicas  deben presentar únicamente los estatutos de su consejo gubernativo de bienes, con la forma de elección y renovación de sus miembros, junto con el nombre del representante legal. Este estatuto no es aprobado por el Ministerio, porque eso implicaría un juicio de valor que no le es permitido a un Estado laico respetuoso de la libertad religiosa. Este Estatuto ingresa para ser registrado en un Registro especial y su representante queda habilitado para todo acto jurídico.

Todo lo cual se encuentra muy lejos de lo establecido en una reglamentación que se dirige a las entidades civiles enunciadas en el Código Civil, Corporaciones y Fundaciones, que guardan profundas diferencias respecto de las organizaciones religiosas.

Entendemos, concretamente que no son aplicables a las entidades católicas, certificadas como tales por la Conferencia Episcopal, las normas de los reglamentos que se nos pretenden imponer. Por lo demás, algunos requisitos son prácticamente imposibles de cumplir, como la nómina actualizada de los integrantes de la organización, porque una Diócesis, por ejemplo, cuenta sus integrantes por cientos de miles y aún millones. De otra parte, semejante modo de proceder violenta la norma constitucional que garantiza el derecho a guardar reserva sobre sus convicciones religiosas. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre ellas (art. 23,21).

El art. 163 de la Constitución vigente indica que la jerarquía de normas pone a los convenios internacionales como parte del ordenamiento jurídico de la República y "prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquía", como pueden ser los reglamentos y desde luego, las circulares administrativas.

La solicitud conclusiva, Señor Ministro, es que se retire todo apoyo oficial del Ministerio de Gobierno al documento anexo y se atiendan los pedidos de entidades católicas para la adquisición de personalidad jurídica, como para la modificación de sus  Estatutos (caso de la Diócesis de Santo Domingo de los Colorados).

 

Atentamente,

+Antonio Arregui Yarza

Arzobispo de Guayaquil

Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana

 

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